La inscripción automática y el voto voluntario, fueron rechazados por la oposición, aludiendo que un porcentaje importante de los potenciales electores votaría a favor de la izquierda, lo que demuestra que la “democracia” chilena y la decisión política de las personas, siguen siendo tuteladas y cooptadas por sectores de clara raigambre autoritaria y elitista.
La desafección electoral entre los jóvenes en Chile es bastante alta, debido esencialmente a dos factores: a que la política partidaria no logra convencerlos al no tener proyectos ni programas claros, y a que los mecanismos institucionales para ejercer el derecho a voto son demasiado engorrosos y desincentivan su ejercicio.
La inscripción automática y el voto voluntario buscan disminuir los costos de ejercer el derecho a voto, permitiendo a los sujetos, acceder al derecho, sin tener que hacer el trámite de inscripción, y por otro lado, permitiendo al ciudadano ejercer libremente el derecho, sin obligación de hacerlo cuando no lo estime. Es decir, ambas medidas, permiten mayor libertad de acción para los electores.
El informe aprobado por la comisión política de la UDI, estima que la población electora joven, por ser eventualmente más proclive a sectores de centro-izquierda e izquierda, no deberían ser impulsados a incluirse en los registros electorales a través de la inscripción automática apenas cumplan la mayoría de edad, pues electoralmente es probable que no voten por la derecha.
Es decir, la oposición está excluyendo a un número de potenciales electores, basados en el argumento de que potencialmente éstos no votarían a favor de la derecha.
El derecho a voto de algunos ciudadanos entonces es negado, aunque no explícitamente, mediante un claro mecanismo de tutelaje (la elite decide quiénes votan y quiénes no), que además tiene implícita una lógica de exclusión arbitraria y absolutamente antidemocrática (faltó decir que no deben votar por ser agnósticos o ateos, o por vivir en tales sectores, o no estudiar en tal universidad, etc.), que prohibe un derecho.
La paradoja –aunque ni tanto- es que un partido cuyo discurso, desde el nombre en adelante, plantea renovar la política, acabar con la rotación de rostros, y aboga por la libertad política, aplica sin reparos un mecanismo claramente elitista, donde prohiben un derecho, basándose en criterios de exclusión, donde la libertad de elegir de los ciudadanos, queda supeditada a la evaluación de las elites, según la conveniencia de éstas.
El informe de la UDI, y su oposición a la inscripción automática, demuestran que en ciertos sectores aún existen tendencias a la vieja usanza autoritaria, donde la “democracia” se concibe como tutelada por los supuestos “elegidos”, donde los patricios que saben mejor que nadie, lo que el pueblo quiere y necesita. Lo mismo ocurre en otras dimensiones como la sexualidad por ejemplo.
Lo que en definitiva queda demostrado, es que algunas elites políticas siguen desconfiando de los ciudadanos, aún cuando no dudan en apelar a éstas para que las mantengan en el poder.
La desafección electoral entre los jóvenes en Chile es bastante alta, debido esencialmente a dos factores: a que la política partidaria no logra convencerlos al no tener proyectos ni programas claros, y a que los mecanismos institucionales para ejercer el derecho a voto son demasiado engorrosos y desincentivan su ejercicio.
La inscripción automática y el voto voluntario buscan disminuir los costos de ejercer el derecho a voto, permitiendo a los sujetos, acceder al derecho, sin tener que hacer el trámite de inscripción, y por otro lado, permitiendo al ciudadano ejercer libremente el derecho, sin obligación de hacerlo cuando no lo estime. Es decir, ambas medidas, permiten mayor libertad de acción para los electores.
El informe aprobado por la comisión política de la UDI, estima que la población electora joven, por ser eventualmente más proclive a sectores de centro-izquierda e izquierda, no deberían ser impulsados a incluirse en los registros electorales a través de la inscripción automática apenas cumplan la mayoría de edad, pues electoralmente es probable que no voten por la derecha.
Es decir, la oposición está excluyendo a un número de potenciales electores, basados en el argumento de que potencialmente éstos no votarían a favor de la derecha.
El derecho a voto de algunos ciudadanos entonces es negado, aunque no explícitamente, mediante un claro mecanismo de tutelaje (la elite decide quiénes votan y quiénes no), que además tiene implícita una lógica de exclusión arbitraria y absolutamente antidemocrática (faltó decir que no deben votar por ser agnósticos o ateos, o por vivir en tales sectores, o no estudiar en tal universidad, etc.), que prohibe un derecho.
La paradoja –aunque ni tanto- es que un partido cuyo discurso, desde el nombre en adelante, plantea renovar la política, acabar con la rotación de rostros, y aboga por la libertad política, aplica sin reparos un mecanismo claramente elitista, donde prohiben un derecho, basándose en criterios de exclusión, donde la libertad de elegir de los ciudadanos, queda supeditada a la evaluación de las elites, según la conveniencia de éstas.
El informe de la UDI, y su oposición a la inscripción automática, demuestran que en ciertos sectores aún existen tendencias a la vieja usanza autoritaria, donde la “democracia” se concibe como tutelada por los supuestos “elegidos”, donde los patricios que saben mejor que nadie, lo que el pueblo quiere y necesita. Lo mismo ocurre en otras dimensiones como la sexualidad por ejemplo.
Lo que en definitiva queda demostrado, es que algunas elites políticas siguen desconfiando de los ciudadanos, aún cuando no dudan en apelar a éstas para que las mantengan en el poder.