LA CORRUPCIÓN DE CHILE

A veces pareciera que hemos entrado en un proceso de decadencia en Chile. El riesgo es que en medio de ese declive, siempre está latente el riesgo de la tiranía.

Revisando la prensa, declaraciones, acciones y hechos, a veces cuesta no pensar que nuestra “democracia” está en clara decadencia. Y este desbande, que algunos llaman desorden, crisis o revolución, sería generalizado, no sólo institucional sino que social, y se viene incubando hace años. No sólo a nivel de las castas, clases o élites gobernantes y dirigentes, sino también a nivel de los ciudadanos, gobernados o súbditos.

Parece que todos en cierto modo estamos a la defensiva, sublevados no sólo contra ciertas instituciones y los abusos, sino también contra las más básicas normas de convivencia. A veces parece que estamos entrando en una especie de guerra de todos contra todos al modo hobbesiano, contra el vecino, el gobierno, la oposición, jóvenes, viejos, gay, policías, extranjeros, el jefe, el empleado, el funcionario público, la vendedora, el chofer, el pasajero del metro, del bus, etc.

Probablemente si Platón viviera, diría que irremediablemente ha surgido la discordia, que es la base de la destrucción del Estado o la sociedad.

¿Dónde estaría el origen de aquella disconformidad según Platón? En los excesos que transforman las virtudes en vicios.

Para Platón las formas de gobierno y las sociedades sufren un proceso de degeneración insalvable, pasando sucesivamente desde la oligarquía, la democracia, hasta terminar en la tiranía. Lo interesante es que dichas fases están ligadas con la pasión dominante en los gobernantes –yo agregaría en los gobernados-.

Así, el ansía desmedida de riquezas marcaría a la oligarquía; el ansía desbocada de libertad convertida en licencia, marcaría a la democracia; y la violencia y arbitrariedad marcarían a la tiranía. ¿No es acaso la mezcla de todo esto lo que hoy vivimos en Chile a todo nivel?

Algunos gobernantes y autoridades parecen usar la ley a su favor para enriquecerse sin sonrojarse, mientras otros gobernados destruyen propiedad pública y privada con la misma desvergüenza. Hay alumnos o apoderados que golpean profesores; conductores ebrios que siguen manejando; universidades que lucran aún cuando la ley fundamental lo impide; candidatos que no esperan que comience el período legal de campaña electoral.  Y los ejemplos forman una lista interminable si empezamos a revisar archivos de prensa.

En Chile parece que caminamos al filo de entrar en ese espacio donde nadie, ni gobernantes ni gobernados respetan nada ni a nadie. Este proceso no es nuevo sino que se viene arrastrando hace años en diversos ámbitos como la educación, la economía, la política, la cultura, el urbanismo, etc.

Entonces, la indiferencia e inobservancia ante las normas, nos lleva la incoherencia, y entonces se comienza a perder el respeto por todo. El riesgo es que incluso se puede perder el respeto a la vida. Entonces, como plantea Bobbio: donde surge la discordia “se produce la situación más favorable para la constitución del peor de todos los gobiernos, la tiranía”.

¿No es acaso en ese espacio indefinido entre la Política y la Barbarie donde nos encontramos?

La solución política implica abordar los antagonismos y resolverlos dentro de sus márgenes, que no son otros que el debate de ideas y la polémica constante. Y ese espacio lo ofrece de mejor forma la Democracia, que no es otra cosa que la ética de la argumentación. La Barbarie implica pretender la supresión del antagonismo, es decir del contrario, no mediante la palabra –pues eso es imposible- sino mediante la coacción. Con ello, se produce la supresión de la Política.

La forma ideal de gobierno -que para Platón serían la aristocracia o la monarquía- según Bobbio jamás han existido. Es probable porque no existe nadie del todo virtuoso e inmune a los influjos nefastos del poder, lo que hace imposible cualquiera de las dos formas ideales.

Para Platón, la única esperanza era encontrar un rey filósofo. En estos tiempos, lo que nos queda es confiar en las instituciones democráticas, y la primera de éstas es el diálogo.

LAS BARRICADAS FUNCIONALES AL DESPOTISMO

En un artículo titulado La necesidad y legitimidad de las barricadas, se propone trabar la economía chilena mediante protestas violentas para lograr respuestas. El autor desdeña de las formas de resistencia pacífica, olvidando que el boicot puede ser más efectivo y legítimo que una barricada en la calle.

El sociólogo Sebastián Guzmán, plantea que el movimiento estudiantil debe avanzar hacia una nueva estrategia incluso violenta (sin definir a qué se refiere con ello), para así lograr mayor respuesta a sus demandas. Además, alude a que la protesta violenta se justifica pues sería de carácter defensivo en cuanto a la acción coactiva del Estado y la indolencia de la autoridad, y que por tanto negarse a ella sería justificar sólo la violencia estatal, o ser ingenuo pacifista.

Guzmán confunde dos variables que no necesariamente van de la mano en su argumento basado en datos. Una cosa es el apoyo que una demanda determinada puede tener, y otra distinta es considerar que la violencia afecta –o puede afectar- el apoyo a esa demanda. Puedo apoyar la idea de cambiar la Constitución, pero puedo rechazar que dicho cambió se haga mediante violencia radicalizada entendida como coacción o daño a la propiedad de otros ciudadanos.

Cuando ejemplifica con Aysén, nuevamente confunde las variables, una cosa son los métodos de protesta, y otra los apoyos a ciertas demandas. Son cosas distintas. Olvida que un 52,6 % de un 100% que rechaza la violencia en Aysén, es la mitad más uno…

Esa confusión lo hace creer que se puede “radicalizar” el movimiento –sin definir a qué se refiere- porque se cuenta con el apoyo ciudadano en cuanto a las demandas para validar sus acciones –una vez más sin definir a qué acciones se refiere-.

En su planteamiento tampoco define qué es una protesta disruptiva. En eso, obvia la necesaria distinción conceptual entre violencia y agresión, que no son lo mismo aunque la mayoría confunda ambas cosas.

Luego como no toma en cuenta esa diferencia, confundiendo violencia con agresión, dice: “cuando el sistema político en Chile permite a los políticos hacer oídos sordos a la ciudadanía que se expresa en reuniones o en protestas pacíficas, aprendemos que el que no llora no mama”. El viejo lema: Por la razón o la fuerza.

Pero olvida que esos políticos que hacen oídos sordos a las demandas, han sido electos por esa misma ciudadanía que en su gran mayoría apoya dichas demandas sociales. No obstante, ni siquiera se pregunta cómo se produce tal hecho. Y menos considera que la respuesta está ahí, en no votar a esos políticos sordos. Lo más violento y disruptivo sería que la gente no los vote en las elecciones.

Pero claro, es más fácil y requiere menos esfuerzo, llamar a agarrar un basurero, bloquear la calle y prenderle fuego, que fomentar un voto informado. Lo primero se logra con un par de slogan, lo segundo requiere un trabajo extenso.

Por otro lado, Guzmán olvida que para “parar” una economía, existen diversos medios pacíficos como el llamado al boicot, que es un asunto voluntario y no impuesto como una barricada.  Como no considera eso, y necesita justificar las acciones violentas, fácilmente cae en la crítica hacia la resistencia pacífica, cuestionando las acciones de algunos de sus representantes emblemáticos, Gandhi y Luther King.

Guzmán plantea los límites de la resistencia pacífica en cuanto a resultados, diciendo entre otras cosas que incluso Gandhi tomó parte activa en guerras en Sudáfrica. Pero tomar parte activa en una guerra no significa salir a disparar o ejercer coacción contra otros o su propiedad. En eso, no sólo confunde resistencia pacífica con pasividad, sino que olvida que dichas acciones llevadas a cabo por Gandhi, no fueron coactivas.

En el caso de Luther King, Guzmán reduce el cambio radical y progresivo que implicó el Movimiento por los derechos civiles, a la mera obtención de asistencia estatal para la gente de color, cuando dice que “la expansión de asistencia social para los afroamericanos no fue una respuesta directa a la no-violencia activa de Luther King, sino a los disturbios violentos de la época”. Pero olvida que el movimiento logró apoyos y resultados a nivel federal como la ley del  derecho al voto de 1965, y que la resistencia fue a nivel de algunos estados sureños.

Con eso olvida el largo proceso que se inició con el movimiento por los derechos civiles, que tuvo resultados más importantes y trascendentes a nivel federal y más allá de la mera asistencia, que tienen relación con un cambio de mentalidad que no se logra mediante la violencia coactiva sino mediante las ideas.

Guzmán obvia esto porque simplemente contradice su tesis de que la violencia coactiva es más efectiva y legítima que la resistencia pacífica. Lo peor es que olvida que la violencia coactiva de la protesta genera una respuesta no deseada: fortalece la acción coactiva del Estado contra los ciudadanos en general.

Finalmente la violencia aceptada como forma de acción política siempre favorece al despotismo.

ENSAYO SOBRE LA LUCIDEZ Y FUNAR DEMOCRÁTICAMENTE LAS ELECCIONES

Funar las elecciones municipales interrumpiendo el proceso de cualquier forma es algo antidemocrático y autoritario. Ir a las urnas y votar nulo es lejos lo más democrático y revolucionario. Los jóvenes eligen.

La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Eloísa González, llamó a “funar" las elecciones municipales del 28 de octubre, debido a la "nula respuesta de la clase política" a las demandas estudiantiles.

La ambigüedad del emplazamiento –sin definir cómo sería la funa- ha dejado a los estudiantes en edad de votar entre una posición tremendamente antidemocrática que no obstante igual fortalece al poder, o una muy democrática e incluso revolucionaria.

Hablando de Democracia en la Fundación Balmaceda con jóvenes estudiantes secundarios, surgió el tema del llamado a funar las elecciones hecho por la ACES. En mi opinión, la “funa” será de índole totalmente antidemocrática si se efectúa mediante coacción o interrupciones del proceso que ejercen otros ciudadanos; o puede ser de índole tremendamente democrática si los estudiantes deciden ir a las urnas y anular sus votos.

La funa mediante acciones coactivas, tomas, interrupciones, da pie para que la clase política una vez más reitere que a los jóvenes no les interesa la política, que no valoran ni entienden la democracia, y que no respetan los derechos de otros ciudadanos. Por tanto, sus demandas y acciones responden a cuestiones viscerales. El poder en este caso, se ve fortalecido en todo sentido.

La funa votando nulo o como les parezca, demuestra que los jóvenes sí valoran la democracia, la quieren mejorar, pero que las opciones electorales y partidarias en competencia no los satisfacen porque no los representan. El poder, igual que en Ensayo sobre la lucidez de Saramago, quedaría en jaque.

Siempre es más contundente un gran número de votos nulos, que un gran número de abstenciones, porque el voto nulo implica interés en el proceso democrático, implica valores democráticos, pero falta de representatividad de los actores en el juego electoral. La abstención en cambio puede interpretarse de diversas formas, las más comunes como desinterés, flojera, ignorancia, etc. Sí a la abstención le sumas interrupciones del proceso, es claro que se interpreta de la peor forma.

Esta semana, la vocera de la zona norte de la ACES, Eliana Saavedra dijo que no harían tomas de locales de votación en las elecciones, y agregó que “se van a usar otras estrategias, otras acciones que serán igual de importantes, acciones mediáticas".

Queda la duda con respecto a cuáles serán esas acciones. Aunque ¿Qué más mediático y revolucionario que un gran número de votos nulos en la próxima elección?

EL MÉRITO COMO BASE DE UNA SOCIEDAD LIBRE

En una interesante columna, Axel Káiser plantea que una meritocracia tendería irremediablemente hacia el colectivismo y la coacción. No obstante, parece olvidar que el reconocimiento del mérito es un elemento clave para sustentar una sociedad libre en todo sentido.

Una de las cuestiones que caracterizaba a las antiguas sociedades tradicionales monárquicas de antaño era su fuerte estructura de privilegios. Los miembros de la “aristocracia” tenían prerrogativas, no por las cualidades individuales de sus componentes, sino por su mera pertenencia a dicho grupo o casta, y su ligazón (basada en el linaje, la fidelidad personal, o la obediencia por piedad) con el poder político de dicho tiempo.

Entre las prerrogativas estaban no sólo la exención tributaria, sino también ciertos niveles de inmunidad jurídica, y el acceso a bienes diversos entregados de manera arbitraria por parte de los miembros de la monarquía, como la concesión de tierras obtenidas bajo coacción. Es sabido por ejemplo, que María Antonieta y sus amigotes “nobles”, mantenía una vida licenciosa y de despilfarro a costa de las arcas fiscales.

Esto explica muy bien por qué los liberales y los primeros radicales, que no pertenecían a ese grupo favorecido, se oponían al privilegio de dichas castas, defendían las libertades personales y la idea de libre mercado.

Es decir, promovían “una distribución deseable y justa de riqueza que fuera resultado de los "méritos" de cada cual”, por sobre la estructura de privilegios que se sustentaba en el poder político coactivo, que entre otras cosas, generaba una estructura de desigualdad casi imposible de derribar.

Contrario a lo que plantea Axel Káiser, el reconocimiento del mérito personal como un principio a respetar y como elemento fundacional del orden liberal, implicaba respetar el derecho a la autoposesión y por tanto el derecho a la propiedad de cada cual.

El mérito sigue siendo un elemento esencial para promover el respeto al derecho de propiedad ajeno. Nadie, ni siquiera el más igualitario o colectivista, se atrevería a plantear que lo obtenido por Alexis Sánchez o por el cantante Américo, gracias a su talento y mérito, debe ser expropiado o repartido entre todos.

El planteamiento actual en cuanto al mérito, tiene una base similar a la de antaño. Se opone a un sistema de privilegios que no tiene mucha relación con el mérito personal, sino más bien con el poder político-económico, que poco tiene que ver con la eficiencia en la satisfacción de deseos ajenos según la decisión libre de otros. Es decir, que no es de libre mercado.

La libre competencia real supone poner en funcionamiento las cualidades que nos permiten ser el mejor futbolista o un gran cantante. Es decir, dar rienda suelta a nuestras virtudes.

El problema actual es que el mérito -en sociedades como la chilena- responde más bien a una estructura de privilegios dada e incluso sustentada por el Estado, donde las cualidades personales valen menos que otra clase de elementos como el apellido, los contactos, el fenotipo, la militancia, el credo, o la batería de certificaciones que siempre impone el poder coactivo.

Me parece que a eso apuntan quienes –entre ellos muchos liberales- plantean una sociedad donde la distribución o lo justo, se base en el mérito personal, es decir, en la cualidades desplegadas por cada uno.

Contrario a lo que dice Axel Káiser, es el privilegio imperante el “que supone necesariamente el reconocimiento arbitrario y subjetivo de una autoridad que determine quién tiene méritos y quién no”. Por ejemplo para gobernar.

En una meritocracia real habría libre competencia, no un Estado asignando privilegios mediante coacción.

Y eso se ejemplifica en una familia, donde los padres permiten que los hermanos puedan acceder a similares oportunidades, y según sus méritos –lo que implica desplegar sus intereses y deseos también- puedan acceder y desarrollar su vida como quieran.

El problema no es el mérito, sino el privilegio. Al confundir esto, tanto detractores como promotores del mérito, se genera la creencia errada de que la herencia no es justa.

Pero lo que Alexis o Américo hereden a sus hijos es justo, pues lo obtuvieron gracias a sus propios méritos.

EL DILEMA DE LA EDUCACIÓN, ENTRE LA ILUSTRACIÓN O EL ADOCTRINAMIENTO

“¿Se educan a propósito nuestras disposiciones para que seamos creadores, o se nos trata puramente como criaturas cuya naturaleza no admite más que la doma?” Max Stirner.

La pregunta del filósofo Max Stirner –influencia de Nietzsche- apunta a un claro y central dilema: la educación, o es un espacio para promover la libertad o para promover la sumisión de las personas.

Cuando la enseñanza es libre, amplia y variada (ecléctica) no sólo derriba mitos sino que sirve para formar personas creativas, libre pensadores y ciudadanos pacíficos (Así lo creían los ilustrados); cuando es doctrinaria, sesgada y dogmática, sólo sirve para formar individuos uniformes, soeces, intolerantes y autoritarios, pero además serviles a los mitos dominantes y los déspotas de turno.

La primera manera podemos llamarla claramente educación, entendida como la formación para pensar libremente; la segunda podemos llamarla adoctrinamiento, entendida como la formación para pensar disciplinada, limitada y uniformemente.

La primera, fomenta el afán por el saber y el pensamiento crítico, y por tanto es enemiga de la censura y defiende la libertad de expresión; la segunda restringe el afán de conocer y defiende el pensamiento único, y por tanto es amiga de la censura y enemiga de la libertad de expresión.

De lo que llamamos educación depende la autonomía individual y por ende la existencia de una sociedad civil activa y plural independiente del gobierno y el Estado; del segundo modo –del adoctrinamiento- han hecho usufructo el absolutismo monárquico-religioso, el despotismo político de las dictaduras y los totalitarismos de cualquier tipo e ideología.

Como Bertrand Russell planteaba, el paso de la barbarie a la civilización ha dependido de estas diferentes formas de enfrentar el conocimiento.

Históricamente, quienes han tenido el poder –sea político, religioso o económico- siempre han optado por el adoctrinamiento de las personas. Porque así “nacido y criado en la esclavitud, heredero de una larga progenie de esclavos, el hombre, cuando ha comenzado a pensar, ha creído que la servidumbre era condición esencial de vida: la libertad le ha parecido un imposible” Malatesta.

Un individuo consciente e informado más allá de lo permitido, siempre ha sido considerado peligroso por el poder porque, como el mismo Stirner decía: “La educación proporciona la superioridad y convierte en señor: por eso en aquella época de señoría constituía un instrumento para el desempeño del poder. Tan sólo la revolución fue capaz de echar a pique la economía de señores y siervos, instaurando el principio vital: ¡Que cada cual sea su propio señor! A ello iba ligada la necesaria consecuencia de que la educación…”.

Quienes tienen el poder o lo quieren para sí, saben que éste se sustenta en mitos y subterfugios diversos, el derecho divino, la infalibilidad, la sangre, la raza, la conciencia, etc. Quienes por cualquier motivo dejan en evidencia estos rasgos comunes y frecuentes del poder –sea cual sea su denominación- son claramente personas non gratas.

Por eso, quienes han tenido el poder (se digan de derecha, izquierda, socialistas, liberales e incluso a veces demócratas) siempre han tratado de monopolizar y limitar la educación dentro de los márgenes del adoctrinamiento, para disciplinar. Nunca la han aceptado como modo de liberación del pensamiento. Así, la lucha por el monopolio del adoctrinamiento educativo, fue la base de la pugna entre la educación religiosa y la estatal durante los procesos de secularización.

LOS DEFENSORES DE LA IDIOCRACIA

En la antigua Grecia, quienes participaban en la política eran los ciudadanos, quienes no lo hacían eran llamados idiotez, que según Fernando Savater se utilizaba para referir “a quien no se metía en política, preocupado tan sólo en lo suyo, incapaz de ofrecer nada a los demás”. En términos estrictos, describía a quien no le interesaban los asuntos de la polis.

Estos primeros políticos recurren a los filósofos y sofistas, quienes les instruyen para convencer en sus discusiones. Es decir, los educaban, los hacían pensar. Quizás ahí surge la derivación de la palabra idiotez hacia algo relativo a la falta de racionalidad y lógica.

Por lo mismo, hasta varios siglos después, y tal como Stirner plantea “una educación popular se consideraba impropia pues el pueblo debía permanecer, frente al señor culto, en la casta de los laicos, admirando y venerando el señorío ajeno”.

Hoy en la democracia moderna la lógica sigue siendo la misma. Quienes tienen cualquier tipo de poder, consideran que las personas comunes no entienden muchos de los asuntos que conciernen la toma de decisiones, y no es necesario que sepan sobre éstos, aún cuando les puedan afectar directamente. Quienes tienen el monopolio de la educación, tampoco se esfuerzan en que las personas entiendan o se eduquen más allá de lo establecido. “Se conforman con educar gente razonable, pero no se proponen formar hombres racionales” Max Stirner.

La explicación es sencilla, así mantienen el poder, porque “si a los efectos naturales de la costumbre se agrega la educación recibida del mismo patrón, del sacerdote, del maestro, etc. -interesados todos en predicar que el gobierno y los amos son necesarios, y hasta indispensables…se comprenderá cómo el cerebro poco cultivado de la masa ha logrado arraigar el prejuicio de la utilidad y de la necesidad del amo y del gobierno” Malatesta.

Personas más informadas y con mayor conocimiento probablemente no estarían de acuerdo con muchas decisiones provenientes del poder o reclamaría para sí otras -como decidir qué fumar-, o se opondrían a cualquier imposición de poder, atomizando y descomponiendo cualquier forma de poder centralizado.

Con personas más educadas e informadas, no tendrían sentido cosas como el Breviario de campaña electoral, donde Quinto (hermano de Cicerón) detallaba como hay que embaucar al pueblo para ganar las elecciones.

Por eso, y haciendo la misma pregunta que se hacía Max Stirner “¿De qué nos lamentamos, pues, cuando nos referimos a los defectos de nuestra actual formación escolar? De que nuestras escuelas se asienten todavía sobre el viejo principio del saber sin voluntad”.

EDUCADOS PERO DÓCILES

La ilustración y su idea de una educación universal rompieron con el exclusivismo que existía en el orden feudal, religioso y absolutista, donde sólo los señores se educaban mientras el resto de las personas permanecía sumido en la ignorancia, el oscurantismo, el temor y el servilismo hacia el poder. La idea era “iluminar las mentes” de los seres humanos para permitirles abandonar los miedos y lograr desarrollarse libremente.

Sin embargo, lo que en principio se planteó como un proceso liberador en cuanto al poder, derivó en una nueva lógica de adoctrinamiento y servidumbre en servicio de otros nuevos intereses, dioses y déspotas, ya sea la “unidad nacional”, la “voluntad general”, el “bienestar general”, la “patria”, el “orden”, entre otras cosas.

Así, aún cuando los ideales de la Ilustración planteaban liberar a las masas de su ignoracia, “la masa de los trabajadores no reciben más educación científica que sus abuelos, y, además, se ven privados de la poca que podían adquirir en los pequeños obradores, mientras que sus hijos, tanto varones como hembras, estando condenados a vivir en la mina o la fábrica desde la edad de trece años, pronto olvidan lo poco que aprendieron en la escuela” Kropotkin.

Así, hasta el día de hoy “la educación para la vida práctica no forma más que personas de principios, incapaces de pensar y actuar sino en función de máximas, pero no forma hombres principales. Tan sólo forja espíritus legales, pero no libres” Max Stirner.

La enseñanza, de instrumento liberador como se planteó en la ilustración, ha pasado a convertirse en instrumento domador, según los requerimientos de los poderosos de turno. “les privamos conscientemente de toda educación, fatigamos su inteligencia con un trabajo excesivo, les privamos conscientemente de toda posibilidad de hacerse productores, y bajo un sistema de educación cuyo objetivo es la «utilidad», y los medios la «especialización», hacemos trabajar hasta el aniquilamiento a los pobres maestros que toman a pecho su labor” Kropotkin.

Ahora el poder, ya «no destruye las voluntades, pero las ablanda, las doblega y las dirige; rara vez obliga a actuar, pero se opone sin cesar a que se actúe; no destruye, pero impide nacer; no tiraniza, pero mortifica, reprime, enerva, apaga, embrutece y, al cabo, reduce a toda la nación a rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobierno» Alexis de Tocqueville.

Por eso, los falsos defensores de la libertad, con el propósito de imponer su propia voluntad, han pretendido en diversas ocasiones, por siglos, adoctrinar a diversas generaciones en un ciego respeto a la autoridad (la que ellos consideran como tal) sea del tipo que sea.

Entonces, “pueblos enteros aran con el mismo arado que sus antecesores medievales, viven en la misma incertidumbre respecto al mañana, negándoseles igualmente con empeño la educación también; y si quieren reclamar su derecho a la vida, tienen que marchar con sus mujeres y sus pequeñuelos contra las bayonetas de sus propios hijos, como hicieron sus abuelos ciento y trescientos años atrás” Kropotkin.

En Chile, el denominado flaite es la expresión social de ese proceso de (des)educación -como lo llama Noam Chomsky- llevado a cabo desde hace varios años, y desde varias dimensiones por parte de las élites y de quienes tienen poder.

Este nuevo “ciudadano” (que en realidad es un idiotez en el modo griego) producto de ese proceso (des)educador y despolitizador es “incapaz de preservar por sí sólo su libertad” como también planteaba Tocqueville. Ninguno es capaz de darse cuenta del dominio sobre ellos y menos dejar de ser dóciles a éste. “Sólo somos libres interiormente (una libertad a la que por nada debemos renunciar), mientras que exteriormente podemos seguir siendo, con toda nuestra libertad de conciencia y de pensamiento, esclavos en la servidumbre” Max Stirner.

A partir de lo anterior, surge el campo fértil para cualquier dogma totalitario y criminal que dispone de las masas ignorantes, para que populistas y dictadores encuentren el camino despejado para saciar su ambiciones personales de poder.

De la misma forma en que el vasallo feudal no se rebelaba contra su señor por ignorancia y temor a dios, este “ciudadano” permite a las élites (y en esto no hay diferencias entre sectores políticos o ideologías) componer una estructura de poder casi imposible de transformar.

No hay que olvidar cuál es el propósito central de la educación, que en la ilustración se planteó como principio esencial, la libertad: ¡Sapere aude! ¡Ten  el  valor  de  servirte  de  tu  propia  razón!  (Kant, 1784). 

EDUCACIÓN, PAZ SOCIAL Y BARBARIE

“Antes de emitir una opinión definida acerca de la educación que nos parece preferible, debemos tener alguna idea de la clase de persona que deseamos producir” Bertrand Russell.

La paz social jamás ha sido garantizada por el mero uso de la fuerza. Una sociedad civil y política requiere educar en principios y virtudes civiles a todos sus miembros, de lo contrario, siempre camina al filo de la barbarie.

Ante el debate educacional, hace tiempo que ciertas élites han reaccionado planteando que la educación es de exclusiva responsabilidad de los padres, que no es justo que unos financien la enseñanza de los hijos de otros. Por ende, un sistema de educación pública y universal pasaría a llevar en todo sentido, la libertad de los padres para educar a sus hijos sin intromisiones.

El argumento es racionalmente válido e incluso liberal. No obstante, ante los hechos crecientes de violencia, y aceptando la idea de que existe un supuesto contrato social entre todos nosotros, surge la pregunta ¿Cuán riesgosa es la falta de educación –o la educación deficiente- de un número importante de la población, para la mantención de tal contrato?

Desde un punto de vista también racional  (pues la razón nos impulsa a buscar la paz para preservar la existencia y disfrutar en algo los bienes obtenidos) parecería insensato mantener un sistema educativo que debilite de manera paulatina las bases de dicho contrato social.

Incluso desde un punto de vista egoísta parecería irracional. Por lo menos así lo desliza Teresa Marinovic, al decir que aceptaría pagar educación de otro, sólo porque “la educación disminuirá el riesgo de que él se transforme en un delincuente y contribuir a esa causa será una forma de pagar por la propia seguridad”.

No obstante, aún cuando parece que la creciente falta de educación de una masa importante podría estar horadando las bases mínimas del supuesto contrato, las élites defienden el sistema educativo vigente de manera férrea, en base al argumento de la libertad.

Al parecer no obstante, detrás de ese rechazo se esconde una presunción más bien medieval (si se puede llamar así) de que la educación es necesaria sólo para los grupos privilegiados, y que por tanto el resto puede permanecer sumido en la ignorancia, bajo el simple control de un sistema educativo deficiente y de mera disciplina (y un sistema policial fuerte si es necesario).

Misma concepción, que según Max Stirner, en épocas pasadas consideraba a la educación popular “impropia pues el pueblo debía permanecer, frente al señor culto, en la casta de los laicos, admirando y venerando el señorío ajeno”.

Quizás eso explica la paradoja del por qué las élites, aún cuando dicen defender el derecho de los padres a educar a sus hijos sin intromisiones, aceptan la escolarización compulsiva por parte del Estado, es decir que obligue “a educar (disciplinar)”. Paradoja absoluta, porque si aceptamos el derecho de los padres a educar a los hijos sin intromisiones, eso implica la libertad de éstos a no darles educación alguna. Claramente, tal incongruencia revela que las élites han olvidado lo que un liberal como Popper decía: el "hábitat" natural del hombre es la tribu, no la libertad individual”.

Es claro que las algunas élites han olvidado que la libertad en una sociedad, se resguarda no por la mera existencia de leyes que la promuevan mediante la coacción, sino por medio de personas que la pongan en práctica en todo sentido y nivel. Han olvidado que “conviene inculcar los primeros rudimentos de moralidad en sus mentes; para que cuando sus entendimientos progresen en fuerza puedan enseñarles a lograr la máxima felicidad, mostrándoles que no depende de la condición donde la suerte les puso, sino de buena conciencia, buena salud, trabajo y libertad en todas las empresas justas”, tal y como decía Thomas Jefferson.

Por eso, sus llamados a respetar el Estado derecho, el contrato social o a la “unidad nacional”, son palos de ciego, pues van dirigidos a personas que probablemente jamás han recibido ninguna clase de instrucción sobre tales principios, y que además han visto como esa supuesta unidad y estado de derecho es transgredido y violado por las propias élites en otros ámbitos.

Ciertas élites, en su supuesta defensa de la libertad educativa, han olvidado lo que decía Thomas Jefferson: “El objetivo más importante de una educación democrática es que el pueblo sea el último guardián de su propia libertad”.

BACHELET Y LA LEY HINZPETER

El año 2006 la Revolución Pingüina tuvo en jaque por varios meses al gobierno de Michelle Bachelet. Coincidentemente, en noviembre de ese año, la Presidenta enviaba un proyecto para fortalecer el orden público, que fue el paso previo para le polémica ley Hinzpeter.

Contrario al discurso general que se levanta en estos días, el despotismo blando hace rato viene siendo promovido desde el poder político, en desmedro de la sociedad civil, la soberanía ciudadana y la autonomía individual.

Fue el gobierno anterior el que sentó las bases para la ahora llamada Ley Hinzpeter, aprobada días atrás en la Cámara Baja, que entre otras cosas propone establecer penas que van entre los 341 días y los 3 años de cárcel, para quienes realicen paros y tomas de establecimientos privados, fiscales y municipales.

No olvidemos que el proyecto propuesto por Michelle Bachelet -que era una reforma al Decreto Supremo 1086 (promulgado en 1983) que prohíbe la reunión en lugares públicos sin permiso previo- contemplaba entre otras cosas, hacer responsables de los desmanes a quienes convoquen por cualquier medio, a reunirse o manifestarse. 

Dicho proyecto –polémico en su momento- que claramente buscaba evitar algo similar a lo ocurrido durante la Revolución Pingüina, fue votado por diputados como Isabel Allende, Jorge Burgos y Fulvio Rossi.

No obstante, el discurso general –donde algunos se alzan como paladines de las marchas- parece obviar la clara relación que existe entre ambas iniciativas promovidas desde el poder político de manera transversal en desmedro de la sociedad civil, que debilitan el espacio democrático y la capacidad asociativa de los ciudadanos (dos elementos claves para prevenir el absolutismo y el despotismo).

Por eso, resulta irónico ver por ejemplo a la ex jefa de la División de Seguridad Pública del gobierno de Michelle Bachelet decir que la ley Hinzpeter "criminaliza el movimiento social".

Sería bueno recordar lo que decía Alexis de Tocqueville: “No tengo inconveniente en reconocer que la paz pública es un gran bien, mas no quisiera olvidar, sin embargo, que es a través del orden por donde todos los pueblos han llegado a la tiranía”. 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES Y LA REACCIÓN CONSERVADORA

La presencia de candidatos independientes para las próximas elecciones municipales, ha suscitado una cierta reacción conservadora, elitista y muchas veces antidemocrática, e incluso anti política.

Que los partidos políticos viven una crisis de representatividad no es algo nuevo. Otra cosa es que los actores tradicionales del campo político –políticos profesionales- parezcan no darse cuenta, o no quieran asumir tal realidad.

El riesgo es que esa crisis lamentablemente puede derivar en  un discurso degradado en torno a la actividad política, lo que finalmente puede dar paso a discursos antidemocráticos y autoritarios.

Cuando las instituciones que deben canalizar las demandas se tornan dudosas, los ciudadanos buscan las fuentes de representación y democracia entre los propios ciudadanos comunes, incluso como representantes. En ese sentido, los independientes pueden ser una fuente de renovación de la Política como espacio contingente del debate público, y de la Democracia como régimen éticamente válido para dicho diálogo. Pueden ser un baluarte al concepto de ciudadano desde la propia ciudadanía y la sociedad civil.

Por eso, la reacción contra los independientes (acusándolos de: ir contra los partidos, no pertenecer al campo político; de no tener base partidaria, ni experiencia, ni ideario político claro, ni ideología; de ser meros técnicos; de no tener bases de apoyo; de ser incluso anti políticos, al ser potenciales líderes populistas; de banalizar y “farandulizar” la política, o de convertirla en un espectáculo) es una reacción más bien conservadora, elitista, antidemocrática e incluso anti política.

Detrás de las críticas a los independientes (que son ciudadanos que deciden cruzar el umbral del mero elector cada tanto, para disputar cargos de representación política) se esconden atisbos de un viejo elitismo político-partidario, ligado a cierto despotismo ilustrado, y conceptos más bien reduccionistas de la Política y de la Democracia.

El elitismo político-partidario hace presumir a algunos –según sus concepciones ideológicas- que ciertos partidos y sujetos, son los únicos depositarios absolutos de lo político, lo democrático, y de la Política en sí. Esto se liga con el despotismo ilustrado, que  se traduce en la idea de que el ciudadano común no está apto para acceder a las cuestiones políticas más allá de votar, pues no se interesa en los asuntos públicos, no tiene experiencia política, carece de ciertas virtudes, carece de conocimientos, “no tiene la suficiente calle”, o no cuenta con las redes y contactos suficientes para ejercer la representación.

La desconfianza hacia los independientes esconde esa desconfianza endémica y solapada con respecto a los ciudadanos comunes, que las élites políticas siempre han tenido en base a su despotismo ilustrado y sus conceptos elitistas con respecto a la Política y la Democracia.

Los independientes no implican el fin de la Política, sino su reordenamiento, su apertura, su revitalización. La presencia de ciudadanos independientes en el debate político y democrático no puede significar más que una renovación y recuperación del espacio público.

Por eso, la reacción contra los independientes es una reacción conservadora, en tanto se liga con la idea de reducir la Política y la Democracia al ámbito de los partidos políticos, y el papel de los ciudadanos comunes a meros seleccionadores de sus ofertas políticas, pero jamás a disputar poder.

LA MARCHA DE LOS BASTONES

Las próximas manifestaciones no tendrán a jóvenes estudiantes secundarios y universitarios como protagonistas, sino a quienes luego de años de trabajo diario, al momento de jubilar se sentirán estafados por el sistema de AFP, amparado de manera mercantilista por el Estado chileno. La próxima gran marcha será la de los bastones.

Cuando en los 80´se implementó el sistema de AFP en Chile, se prometió a miles de personas que sus pensiones serían mejor administradas y más altas que en el antiguo sistema, pues la misión principal del sistema según la Superintendencia de Pensiones, era “asegurar un ingreso estable a los trabajadores que han concluido su vida laboral, procurando que dicho ingreso guarde una relación próxima con aquél percibido durante su vida activa”.

La cruda realidad de muchas personas que ahora comienzan a jubilar, y que comenzaron sus vidas laborales cuando se les impuso el sistema de AFP, es otra. Luego de trabajar años de manera estable, recibiendo sueldos relativamente decentes e incluso considerados altos, la mayoría terminará recibiendo pensiones al filo del sueldo mínimo. Según algunas estadísticas, del 1,5 millón de pensionados en Chile, más del 80% tiene jubilaciones de menos de 250 mil pesos. Y eso es sólo la punta del iceberg.

¿Qué tienen en común un médico, una enfermera universitaria, una profesora de castellano y una ex funcionaria de la Tesorería General de la República? Todos hace poco jubilaron y han visto reducidos de manera drástica sus ingresos.

El panorama para muchos como ellos que comienzan a jubilar y debutar como jubilados bajo el sistema de AFP no es alentador ni maravilloso, como en la publicidad donde se muestra a adultos mayores trotando en hermosos parques junto a sus nietos. Ahora no sólo están viejos, sino que más pobres, sin posibilidad de empleo, y en el peor de los casos, además enfermos, pagando Isapres que los castigan por ser adultos mayores.

No por nada, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, planteó que el problema venidero es cómo hacer que la clase media logre jubilaciones con las cuales mantenga su nivel de vida. Sobre todo porque el año 2021, comenzarán a jubilar masivamente los pensionados puros del sistema de AFP (en 1981, se cambiaron de sistema casi un 70% de los trabajadores. Actualmente, un 98 por ciento de los trabajadores están en el sistema de AFP).

Según el economista Alberto Arenas, el 2021 habrá "un choque de expectativas, porque las personas pensaban que iban a jubilar con el 80% de su sueldo y eso dista mucho de la realidad".

El Fondo Monetario Internacional, en su reporte de Evaluación de Estabilidad del Sistema Financiero de Chile, hizo un análisis de los fondos de pensiones de los chilenos, haciendo notar el bajo retorno de las AFP, diciendo que: “Incluso los miembros con contribuciones consistentes a lo largo de sus vidas laborales podrían enfrentar problemas para alcanzar un 70% de tasa de reemplazo con sólo el 10% de contribución sobre los salarios”. Según algunos datos, la remuneración promedio de un cotizante dependiente es de alrededor 500 mil, mientras que el promedio de una pensión no supera los 180 mil.

Por ejemplo, según estimaciones de expertos, las mujeres que cotizan en AFP y que actualmente tienen 50 años, a los 60 años obtendrán una pensión cercana a los 92 mil pesos. Es decir, 14 mil más que la Pensión Básica Solidaria, a la que accede un millón de chilenos, sin haber cotizado un solo peso.

Es decir, contrario a lo que “soñaba” José Piñera, la población activa si tendrá que subsidiar las pensiones de los jubilados, lo que implica la eventual bancarrota a medida que envejece la población. Según el economista del CENDA, Gonzalo Cid; “el 60 por ciento de las pensiones pagadas por las AFP entre 1982 y 2009, supuestamente con fondos privados, han sido con fondos del Estado”.

En otras palabras, con las AFP se cumple lo que José Piñera atribuía al antiguo sistema de pensiones: “el resultado final para el trabajador jubilado es el mismo: ansiedad en su edad avanzada, creada, paradójicamente, por la inseguridad inherente del sistema al que se llama de seguridad social”.

Lo anterior, aunque el sistema de AFP presenta altos porcentajes de rentabilidad para un grupo de 6 empresas (en septiembre de 2011, alcanzaban los 132.661 millones de dólares, tres veces el presupuesto de Chile). La ganancia por cotizante —que suman 4.726 millones— es de casi 200 millones de dólares en utilidades netas. No obstante, las primeras generaciones de jubilados bajo el sistema van a pasar a engrosar las filas de ancianos pobres del país.

Eso, aún cuando en 2012, y en cifras dadas por el propio José Piñera: “el sistema de AFP ha generado un capital de 190.000 millones de dólares, equivalente a un 80% del PIB de Chile”.

Según el economista, Alejandro Maureira, “en base a cifras de la superintendencia de Pensiones, entre 2004 y 2011 la rentabilidad de las AFP superó en casi cinco veces lo obtenido por los ahorros de las personas que cotizan obligatoriamente en el sistema”.

 Alguien se está haciendo muy rico a costa de las personas comunes, y el Estado es cómplice de ese asalto institucionalizado. Esto no es libre mercado.

Pensionados cautivos del mercantilismo

El sistema de AFP no es libre mercado, no sólo por estar concentrado en 6 entidades (Capital con 1.920.586 afiliados; Cuprum con 612.458; Habitat con 2.169.113; Modelo con 350.084; Planvital con 393.289 y Provida con 3.490.68); sino también porque el Estado establece una demanda cautiva para las Asociaciones de Fondos de Pensión. No hay libertad de elegir qué hacer con el dinero para la pensión.

Según José Piñera, el sistema ideado por él y fundado en noviembre de 1980 mediante los decretos leyes 3.500 y 3.501, sustituyó su sistema de pensiones de reparto operado por el Estado, por un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas, en el marco de una economía de libre mercado (sic).

¿Libre mercado? ¿Qué tiene de libre mercado el hecho que el Estado obligue a las personas a aportar mensualmente el 10% de sus sueldos brutos a entidades que sólo el Estado habilita o “certifica” para tales efectos, y que además, una vez jubiladas deben pagar impuestos a la renta sobre la cantidad que retiran como pensión?

Peor aún, los cotizantes cautivos no tienen ninguna clase de herramienta ante las pérdidas –a costa de su patrimonio- que en las sucesivas crisis económicas producen los especuladores financieros, como en 1982-83; en 1998-99; 2008-2009. Las AFP cobran a sus usuarios comisiones aunque sus fondos pierdan.

Incluso, les cobran aún cuando invierten sabiendo el riesgo de pérdidas como ocurrió cuando algunas entidades (Cuprum y Capital) invirtieron al margen de la ley en Bonos de La Polar, siendo la propia Superintendencia de pensiones la que dictaminó que deben indemnizar a sus afiliados del Fondo E por las pérdidas generadas.

O sea, los cotizantes tampoco tienen herramientas para determinar en qué forma se usan sus dineros. Así, por ejemplo, según el economista Gonzalo Cid, el año 2008 el 70% se invirtió en 10 empresas, entre las que destacan: el grupo Matte, Cencosud, Entel, Copec, Endesa, CMPC, Falabella, D&S y Soquimich. Entre las empresas en que se invirtió se encuentra La Polar, una empresa que a todas luces presentaba problemas serios de caja. El caso de AFP Capital es decidor. Compró 60 millones de dólares en acciones de La Polar a $2.600 pesos por acción, dos días después de hacerse pública la posible quiebra de la empresa, haciendo perder a sus afiliados 35 millones de dólares.

Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, explica que esta lógica se debe al carácter obligatorio de la cotización y a que la gran mayoría de los clientes de AFP no conocen la situación de sus fondos como para cambiarse de una mala AFP antes de un descalabro. Entonces, “los fondos pueden desplomarse e incluso evaporarse, producto de la lógica de Casino que impera en este negocio, y, ello no significa mella alguna en las utilidades de las AFP: gana la empresa, pierden los clientes de las AFP, es decir los trabajadores”.

¿Quién asume la responsabilidad por ese mal uso del dinero de miles de cotizantes cautivos, cuyos dineros son usados en empresas enfermas o irresponsables? Nadie.

Una ironía. Jose Piñera decía que el día que se funda el sistema de AFP “fue el día en que los trabajadores ganaron la libertad de controlar sus recursos para el retiro y se liberaron de "las cadenas" del seguro social estatizado”. Pero la verdad es que los trabajadores cayeron en un sistema mercantilista, no un sistema libre de pensiones.

En el sistema de AFP, no existe el necesario vínculo entre derechos y deberes, que José Piñera decía no tener el antiguo sistema, y que supuestamente iba a generar el sistema de AFP. Y eso que planteaba que: “Estas empresas no pueden realizar ningún otro tipo de actividades y están sujetas a una vigilancia estricta por parte de una superintendencia técnica creada para ejercer esta labor”.

Por eso, Gonzalo Durán dice que básicamente las AFP se enriquecen gracias a tres factores: es una inversión sin riesgo, que se lleva a cabo en un mercado altamente concentrado y con escasa información para sus clientes. Por lo mismo, el economista Alejandro Maureira plantea que  la comisión que nos cobran las AFP, “debiera fijarse en función de la rentabilidad de los fondos de pensiones”, porque que aunque las AFP no rentabilicen, “siguen teniendo los márgenes provenientes de las comisiones que pagan sus afiliados”. Pero en un sistema mercantilista, eso es mucho pedir.

Y esa lógica está amparada por el Estado. Mercantilismo puro o capitalismo de amigotes.

Por eso mismo, el informe del FMI indica que “los menores retornos podrían requerir incrementos en las tasas de contribución y en la edad de retiro (…) las altas ganancias de las administradoras de fondos de pensión podrían ser objeto de escrutinio”.

El sistema de AFP es el mejor ejemplo del mercantilismo moderno. Quienes controlan a las 6 entidades, están ligados al poder político de manera transversal –algunos antiguos ejecutivos de AFP ahora son funcionarios en Previsión- y han estructurado una red de la cual hacen usufructo del sistema compañías de seguros, bancos, multitiendas.  Todo a costa de los sueldos de miles de trabajadores.

“Lo que aquí ha ocurrido es que nuestra salud y nuestras pensiones están en manos de financistas y especuladores que no responden a las víctimas de sus maniobras y sí influyen en los políticos”, dice Ricardo Hormazábal, autor del libro El gran engaño: 30 años del sistema de AFP.

La respuesta de la sociedad civil: Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Previsionales, AFP.

Una pregunta frecuentes es: Si el sistema de AFP era tan prometedor ¿Por qué las FF.AA y la policía no pasaron al sistema de AFP? Porque hoy, las pensiones de los uniformados son casi diez veces superiores a la de un afiliado a AFP. Un jubilado del ex INP obtiene una pensión 4 ó 5 veces superior a las de un jubilado de las AFP.

En muchos casos, el argumento para justificar las bajas pensiones se basa en las mayores expectativas de vida; el ingreso más tardío al mercado laboral por estudios; periodos de ausencia de cotizaciones por desempleo; abandono del mercado laboral para el cuidado de los hijos; o bajos niveles de renta e informalidad.

Cualquiera sea el caso, la lógica imperante es culpar al propio cotizante de su baja pensión. En ningún caso, la culpa sería de la empresa encargada de rentabilizar los aportes que por ley –bajo coacción- debe hacer el trabajador a las entidades que el Estado determina.

El Consejo asesor presidencial para la reforma previsional del 2008 (Comisión Marcel) concluyó que la rentabilidad de los Fondos era de 4,5 al 6%, y que para alcanzar una jubilación equivalente al 70% del sueldo, era necesario que los fondos renten un 5% real anual.

Según el Presidente de la Asociación de AFP, “han rentabilizado 9,2% anual más del doble de lo que se pensaba en el año 1981”.

¿Y por qué entonces son bajas las pensiones? ¿Por qué ahora están surgiendo casos de personas que sin tener los antecedentes que se usan para justificar bajas pensiones, comenzarán a recibir pensiones miserables o al filo de esto?

No hay explicación, sobre todo tomando en cuenta que José Piñera prometió en 1981 que serían el 70% de la última remuneración, con una rentabilidad del 4%. O sea lo mismo un porcentaje más bajo que planteó la comisión Marcel.

Piñera decía y aún dice: “El nivel de ahorro obligatorio del 10 por ciento fue calculado asumiendo un rendimiento real durante toda la vida laboral del 4 por ciento anual, de tal manera que el trabajador común acumule dinero suficiente en su cuenta de AFP como para obtener una pensión de alrededor del 70 por ciento de su salario final”.

¿O acaso las cifras de rentabilidad no son ciertas? ¿Han mentido las AFP? ¿Y si no rentabilizan, de quién es la culpa entonces? No es del cotizante claramente, es de las AFP que no hacen buenas inversiones.

Sin embargo, y aunque las pensiones que entrega el sistema de AFP son inferiores al 30% de la última remuneración, se sigue culpando al cotizante, diciéndole que no hizo APV, o que su falta de productividad o informalidad laboral -traducida en cesantía- incidió en su pensión.

 Mentiras, y eso lo demuestran las bajas pensiones que reciben personas que trabajaron toda su vida en un mismo trabajo y con altas remuneraciones. Y no es el caso de personas con remuneraciones bajas, sino el caso de médicos, que incluso cotizando el 100% del tiempo, reciben pensiones igualmente bajas, sólo 425 mil pesos.

Contrario a lo que dice José Piñera: el sistema no ha “incrementado la certeza y el valor de las pensiones de vejez, de viudez, orfandad, e invalidez”.

El sistema mercantilista hace ganar a sus asociados, con crecimiento económico a costa de sus clientes cautivos. No es una “secuencia virtuosa”, ni ha permitido a los trabajadores tener mayor control sobre sus vidas, ni convertirse en propietarios, ni beneficiarse del aumento en la productividad de compañías privatizadas, ni capturar una parte apreciable de la riqueza creada.